Cuando cada juez escribe su propia regla de IA

En mayo y junio de 2026, la firma Akin Gump documentó algo que ya era un secreto a voces: las cortes federales estadounidenses están resolviendo de forma contradictoria cuándo el uso de inteligencia artificial generativa afecta el privilegio abogado-cliente y la doctrina del producto del trabajo. El Distrito Sur de Nueva York, en United States v. Heppner (17 de febrero de 2026), sostuvo que volcar información en una plataforma pública de IA puede destruir esas protecciones; semanas antes, el Distrito Este de Michigan, en Warner v. Gilbarco (10 de febrero de 2026), dijo lo contrario: la IA es una herramienta, no un tercero adverso, y usarla no implica renuncia. El Distrito de Colorado matizó; el de Kansas, en Jeffries v. Harcros Chemicals, directamente prohibió cargar material de descubrimiento en herramientas públicas.

Pero la fractura no se agota en el privilegio. Es apenas la capa visible de un problema más viejo y más grave: no existe un estándar único sobre cómo deben los litigantes usar y declarar la IA ante un tribunal.

Un mapa hecho de retazos

Desde que en 2023 el juez Brantley Starr, del Distrito Norte de Texas, dictó su Mandatory Certification Regarding Generative Artificial Intelligence, cientos de jueces han improvisado sus propias reglas. El panorama es desigual:

• Certificación obligatoria. Starr exige que el abogado certifique que ninguna parte del escrito fue redactada por IA, o que todo lo redactado por IA fue verificado por un ser humano contra reporteros impresos o bases de datos tradicionales. Sin certificado, tacha el escrito.
• Divulgación condicionada. El Distrito Norte de Illinois solo exige revelar el uso cuando la IA intervino en el análisis jurídico sustantivo.
• Mero recordatorio. Otros jueces del mismo distrito se limitan a recordar los deberes de la Regla 11; nada más.
• Prohibición. Algunos despachos vedan la IA generativa por completo.

¿Tiene sentido que el mismo escrito sea válido en una sala y motivo de sanción en la de al lado? Un litigante nacional debe hoy auditar, juez por juez, qué se le permite. Eso no es rigor: es ruleta procesal.

El deber, no la herramienta

La tentación reguladora es prohibir. Es la respuesta equivocada. El problema nunca fue la IA, sino el abogado que cita jurisprudencia inexistente sin abrir un solo reportero. La obligación de verificar la fuente no nació con ChatGPT; vive en la Regla 11(b) y en el deber de diligencia. Por eso resulta sensata la propuesta de enmendar la Regla 11 para fijar un estándar federal único, en lugar de dejar el deber de verificación a la lotería del despacho.

Prohibir la IA no elimina la ablucinación jurídica: solo la empuja a la clandestinidad. Estandarizar el deber de verificar la combate de frente.

La lección para América Latina

Aquí el aviso es oportuno, porque apenas empezamos. La Corte Constitucional de Colombia, en la Sentencia T-323 de 2024, no prohibió que los jueces usaran IA; ordenó al Consejo Superior de la Judicatura expedir lineamientos claros. Esa es la ruta correcta: un marco común, no cien órdenes de despacho contradictorias. Si la región fija desde ya un deber uniforme y exigible de verificación humana, se ahorrará el laberinto que hoy padece el litigante estadounidense.

La IA no exime de pensar. El estándar no puede depender de qué juez nos tocó.

Fuentes: Akin Gump, “Federal Courts Issue Diverging Rulings on the Use of Generative AI” (jun. 2026); JD Supra (versión del análisis con casos Heppner, Warner, Morgan y Jeffries); Standing order del juez Brantley Starr (N.D. Tex.); National Law Review, propuesta de enmienda a la Regla 11; Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-323 de 2024.