Mississippi: cuando las dos partes alucinan, ¿quién le queda fiel al expediente?

El 8 de junio de 2026, la jueza federal Sharion Aycock, del Distrito Norte de Mississippi, firmó una orden de sanciones poco habitual en el caso Withers v. City of Aberdeen (radicado 1:24-CV-218-SA-RP). Lo inusual no fue que un abogado presentara citas fabricadas por inteligencia artificial; eso, por desgracia, ya es rutina. Lo inusual fue que lo hicieron ambas partes: tanto el demandante, el abogado Tom Withers, como la demandada, la ciudad de Aberdeen, presentaron memoriales con jurisprudencia que sencillamente no existe.

Tras una audiencia el 20 de enero de 2026, los cuatro abogados admitieron que las citas falsas provenían de un uso de IA que nadie verificó. La jueza repartió la responsabilidad sin distinguir colores de camiseta:

• Kathleen M. Wilson (del demandante, admitida pro hac vice): usó “First Drafts”, un programa de IA para redactar escritos. Revocación de su admisión pro hac vice, veto de dos años en el distrito, multa de USD 2.500 y un curso de ética sobre IA.
• Kathryn Y. Williams (de la ciudad, admitida pro hac vice): usó una herramienta de IA para investigación e incorporó el resultado sin verificarlo. Misma revocación, mismo veto de dos años y multa de USD 3.500.
• Shauncey Hunter Ridgeway y Mark C. McClinton (abogados locales de cada parte): descalificados del caso y multados con USD 1.000 cada uno, por firmar lo que no leyeron.

El detalle de los locales es el que más debería inquietarnos. Ninguno usó IA: su falta fue avalar con su firma el trabajo del colega foráneo sin revisar una sola cita. La jueza lo llamó servir de “sello de caucho”, y recordó una idea que conviene tatuarse: la tecnología “puede producir palabras”, pero no puede aportarles “sinceridad, verdad o responsabilidad”; eso “sigue siendo el deber sagrado del abogado que firma la página”.

Cuando la alucinación contamina a las dos partes

El esquema con que veníamos digiriendo estos casos era el del litigante que cuela un fallo inventado y la contraparte que lo desenmascara. Ese modelo trae un guardián incorporado: el adversario. Pero ¿qué pasa cuando los dos adversarios alucinan a la vez? El control cruzado, ese que tanto presumimos del litigio de partes, simplemente se apaga: nadie vigila porque todos delegaron en la misma máquina la tarea de pensar.

Así la alucinación deja de ser un accidente individual y se vuelve una falla del sistema. Si ambas partes le entregan a un modelo de lenguaje la construcción de su argumento y ninguna verifica, el expediente entero se desconecta del derecho vigente. El juez ya no recibe dos versiones enfrentadas de la ley para escoger la correcta: recibe dos ficciones que se citan entre sí.

El juez como último dique

La respuesta de Aycock es la lección procesal del caso: cuando el control entre partes falla, el juez se vuelve el único filtro real, y por eso sanciona también a quien firmó sin leer. El deber de verificación —en Colombia, la lealtad procesal del artículo 78 del Código General del Proceso; en Estados Unidos, la Regla 11 federal— no se delega en un programa: la firma del abogado certifica, personalmente, que el contenido es real.

Para Latinoamérica el caso es un espejo incómodo: la tentación de “completar” con un modelo lo que falta de investigación es idéntica a ambos lados del Río Grande. La diferencia entre una herramienta y una ablucinación jurídica no está en la tecnología, sino en si alguien, con nombre y tarjeta profesional, verificó cada cita antes de afirmarla. La seguridad jurídica no resiste un proceso donde la verdad del expediente dependa de que la máquina haya tenido un buen día.

Fuentes: Orden de Sanciones, Withers v. City of Aberdeen, No. 1:24-CV-218-SA-RP (N.D. Miss., 8 jun. 2026); Lowering the Bar; ABA Journal; Mississippi Free Press; The Volokh Conspiracy (Reason); Expediente en CourtListener.