Cuando la multa por IA deja de ser simbólica y golpea a la firma

¿Qué corrige más rápido un mal hábito profesional: una reprimenda en audiencia o una factura solidaria a nombre del despacho? Los tribunales de varios países empiezan a responder esa pregunta con cifras, y el blanco ya no es solo el abogado que firmó el escrito.

El detonante es conocido. Una agencia internacional reportó el 15 de junio de 2026 que los jueces transitan hacia la tolerancia cero con los escritos asistidos por inteligencia artificial plagados de errores. El abogado francés Damien Charlotin, que mantiene una base de datos colaborativa sobre el fenómeno, contabiliza alrededor de 1.600 casos de alucinaciones judiciales en 35 países, de los cuales unos 1.116 son estadounidenses. La novedad de 2026 no es la existencia de citas falsas: es que la sanción empieza a tener consecuencias económicas reales.

De la reprimenda al castigo patrimonial

Durante años la respuesta judicial fue pedagógica. En mayo de 2026, el juez Jerry Edwards Jr. (Luisiana) multó con apenas 1.000 dólares a un abogado por siete citas inventadas y lo envió a un curso de tres horas sobre IA. Reprimenda, no escarmiento.

El giro relevante para los despachos ocurrió en Lacey v. State Farm, ante el Tribunal Federal del Distrito Central de California. El special master Michael Wilner impuso 31.100 dólares en costas y honorarios —26.100 en gastos del perito y 5.000 a la contraparte— tras hallar que cerca de nueve de 27 citas eran falsas. Lo decisivo: las ordenó contra las firmas, solidariamente, y declaró expresamente que declinaba sancionar a los abogados individuales. Una de ellas era K&L Gates, uno de los mayores despachos de Estados Unidos. La cuenta llegó a la sociedad, no al bolsillo personal.

La tendencia se endurece. En junio de 2026, la jueza federal Sharion Aycock (Misisipi) sancionó a cuatro abogados de ambos bandos por citar casos inexistentes: 8.000 dólares en total y, sobre todo, dos años de veto para litigar en ese distrito a dos de ellos, por violar la Regla 11 de procedimiento civil, que obliga a certificar la veracidad de lo presentado.

Por qué importa que pague la firma

El cambio de destinatario altera los incentivos. Cuando la multa recae sobre el abogado individual, el costo se diluye como un riesgo personal asumible. Cuando recae sobre la sociedad —y solidariamente—, la verificación de citas deja de ser un acto de virtud profesional para convertirse en un problema de gestión del riesgo del despacho:

• Obliga a los socios a auditar el trabajo de toda la cadena, no solo del firmante.
• Convierte la política interna de uso de IA en un activo defensivo, no en un adorno.
• Traslada la presión a quien tiene patrimonio que proteger y poder para imponer controles.

El espejo latinoamericano

La región no observa desde la tribuna. El 16 de febrero de 2026, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de Colombia (auto AC739-2026) multó a un abogado con 15 salarios mínimos mensuales por incluir jurisprudencia inexistente —con números, fechas y ponentes apócrifos— y agravó la sanción porque, requerido para explicar, presentó cuatro citas falsas adicionales.

Los abogados no pueden trasladar sus deberes éticos ni su obligación de diligencia a sistemas automatizados.

La advertencia colombiana sigue apuntando al abogado persona. Pero la lógica de Lacey es perfectamente trasplantable a nuestras sociedades de abogados, donde la responsabilidad solidaria y la lealtad procesal ya tienen anclaje normativo. El despacho latinoamericano que crea que la alucinación es un accidente individual descubrirá tarde que el deber de diligencia es indelegable y que el patrimonio común responde por el descuido ajeno.

La herramienta no excusa al artesano: la firma que no verifica no automatiza su trabajo, automatiza su sanción.

Fuentes: TechXplore/AFP, "Courts cracking down on error-strewn AI-assisted legal briefs" (15 jun. 2026); Eugene Volokh (The Volokh Conspiracy), sanciones de $31K a firmas en Lacey v. State Farm; ABA Journal, "Sanctions ramping up in cases involving AI hallucinations"; Infobae, sanción de la Corte Suprema de Colombia (auto AC739-2026).