Del susto a la política: la política mínima de IA para un departamento jurídico latinoamericano
Las multas por citas inventadas ya llegaron a los tribunales de la región. Antes de prohibir o de mirar a otro lado, todo general counsel necesita una política de IA que quepa en una página.
¿Cuánto cuesta una cita inventada? En Colombia, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema multó en 2026 a un abogado por temeridad procesal: en un recurso de revisión presentó normas mal transcritas y precedentes inexistentes generados por una IA, con sintaxis impecable y tono categórico. La Corte lo llamó por su nombre técnico: "alucinaciones". No es un fenómeno solo del norte; es el aviso de que la región dejó de mirar el problema desde lejos.
El blog de GC AI ("AI Legal Ethics in 2026: 6 Cases, 4 Rules, 1 Policy Template", 28 de mayo de 2026) ordena el susto en datos. En Estados Unidos, el caso fundacional Mata v. Avianca (S.D.N.Y., 2023) terminó con una multa de USD 5.000 por seis precedentes falsos. En Lacey v. State Farm (C.D. Cal., 2025), nueve de veintisiete citas resultaron erróneas o fabricadas y la sanción llegó a unos USD 31.100 contra dos firmas. En Couvrette v. Wisnovsky (D. Or., diciembre de 2025), quince casos inexistentes y ocho citas inventadas costaron más de USD 100.000 y la desestimación de la demanda con prejuicio.
Las cuatro reglas que no cambian
No hace falta inventar un régimen nuevo. Los marcos serios —la Opinión Formal 512 de la ABA (29 de julio de 2024) y la Opinión 24-1 del Colegio de Abogados de Florida (enero de 2024)— coinciden: la IA no altera los deberes profesionales, los pone a prueba.
- Competencia (Regla 1.1). Hay que entender qué hace la herramienta y, sobre todo, cómo falla: la alucinación de citas no es un bug exótico, es el comportamiento esperado.
- Confidencialidad (Regla 1.6). La información del cliente solo entra en plataformas empresariales con confidencialidad contractual, retención cero y compromiso de no entrenar con los insumos.
- Supervisión (Regla 5.3). La IA se trata como un asistente no abogado: su trabajo es responsabilidad del abogado que firma.
- Verificación y honorarios (Regla 1.5). Toda cita se confronta contra la fuente primaria; no se factura como propio el tiempo que ahorró la máquina.
Cómo se ve una política mínima y sensata
Una política de IA para un departamento jurídico latinoamericano no necesita ser un tratado. Cabe en una página y debería contener, como mínimo:
- Semáforo de usos. Verde (borradores internos, resúmenes sin datos sensibles), amarillo (con verificación reforzada) y rojo (datos personales, secretos, escritos judiciales sin revisión humana).
- Lista de herramientas aprobadas. Solo plataformas con contrato de confidencialidad y retención cero; prohibición expresa de pegar información del cliente en chatbots de consumo.
- Protocolo de verificación. Ninguna cita, norma o cifra se usa sin contraste contra la fuente oficial; el abogado responsable lo certifica.
- Trazabilidad y supervisión. Registro de qué se usó y quién revisó; un humano firma siempre.
- Datos personales y deber de revelación. Alineación con las leyes locales de protección de datos y, donde el juez lo exija, declaración del uso de IA.
- Capacitación. El equipo entiende el flujo Prompt → Verificar → Auditar antes de tener acceso.
La región ya fijó el rumbo regulatorio. En la Sentencia T-323 de 2024, la Corte Constitucional colombiana admitió que la IA puede asistir, pero nunca sustituir el juicio humano, bajo transparencia, responsabilidad, debida diligencia y protección de datos. Es exactamente el ADN que un general counsel debe trasladar a su política interna.
La herramienta no responde ante el juez; el abogado sí.
El error no es usar IA: es delegarle el deber de verificar. Una política de una página no frena la innovación, la vuelve defendible. En derecho, lo que no se verifica no es eficiencia: es ablucinación con membrete.
Fuentes: GC AI, "AI Legal Ethics in 2026: 6 Cases, 4 Rules, 1 Policy Template" (gc.ai/blog/ai-legal-ethics); ABA Formal Opinion 512 (americanbar.org); Corte Suprema de Justicia de Colombia, Sala de Casación Civil (Tirant Prime Colombia); Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-323 de 2024 (corteconstitucional.gov.co); Mata v. Avianca (Wikipedia / Seyfarth Shaw); Lacey v. State Farm (California Lawyers Association); Couvrette v. Wisnovsky (NWSidebar, WSBA).