Todo lo que le diga a ChatGPT podrá ser usado en su contra

Imagine usted, lector, esta escena. Una empresaria —llamémosla Marcela, gerente de una compañía familiar de tres generaciones— está atravesando una disputa contractual con un socio. Son las once de la noche, ya nadie contesta el celular en su firma de abogados, y la angustia no la deja dormir. Abre el computador, entra a ChatGPT y empieza a escribir. Le pega el contrato completo. Le copia los correos sensibles. Le narra la estrategia que su abogado le esbozó esa misma tarde. Le pide a la máquina que "rebote ideas", que le sugiera argumentos, que prepare un borrador de respuesta. Marcela cierra el portátil tres horas después, más tranquila. Cree que todo lo que escribió quedó entre ella y la pantalla.

No fue así. Dos años después, en pleno proceso judicial, los abogados de la contraparte solicitan que se exhiban esos chats. Y un juez ordena entregarlos.

Ciencia ficción no es. Es lo que ya está ocurriendo.

Dos fallos que cambiaron el tablero

El 10 de febrero de 2026, el juez federal Jed S. Rakoff, una de las figuras más respetadas del Distrito Sur de Nueva York, dictó sentencia en Estados Unidos contra Heppner. Bradley Heppner, exejecutivo acusado por fraude de valores, había usado la versión comercial de Claude —el chatbot de Anthropic— para preparar su defensa. Treinta y un (31) documentos generados con la IA fueron hallados en sus dispositivos. Su defensa alegó que estaban cubiertos por el privilegio abogado-cliente.

El juez Rakoff fue inequívoco: esas conversaciones no están protegidas. Ni por el secreto profesional. Ni por la doctrina del producto del trabajo. La calificó de cuestión inédita en todo el país, y resolvió por tres razones de fondo que cualquiera puede entender sin haber pisado una facultad de derecho.

Primera razón: la IA no es abogado. Todo privilegio legal exige una relación humana de confianza con un profesional sometido a deberes fiduciarios y a régimen disciplinario. Un programa de software, por sofisticado que sea, no cumple ninguna de esas condiciones. Más aún —y esto el juez lo subrayó con ironía— cuando el propio Claude, al ser interrogado, admitió que no podía ofrecer asesoría legal formal y recomendó consultar a un abogado.

Segunda razón: no hubo confidencialidad. Las políticas de privacidad de las plataformas comerciales de IA permiten recolectar las conversaciones, usarlas para entrenar modelos y entregarlas a terceros, incluidas autoridades regulatorias. El acto de pegar información sensible en esa interfaz es —en palabras llanas— equivalente a discutir su estrategia procesal en voz alta en un restaurante repleto.

Tercera razón: Heppner usó la IA por su cuenta, no bajo dirección de su abogado. Si la hubiera usado siguiendo instrucciones explícitas de su defensa, el resultado habría podido ser distinto: la IA podría haber funcionado como un "agente" del abogado, similar a un perito o a un intérprete. Pero esa figura exige control profesional. La consulta nocturna y solitaria no califica.

Cinco semanas después, el 16 de marzo de 2026, el Tribunal de Cancillería de Delaware —una de las cortes más influyentes del mundo en derecho corporativo— resolvió Fortis Advisors contra Krafton. ¿El protagonista? El presidente ejecutivo de un gigante surcoreano de videojuegos, Changhan Kim, que tras pagar quinientos millones de dólares (USD 500.000.000) por una empresa estadounidense, descubrió que tendría que pagar otros doscientos cincuenta millones (USD 250.000.000) en una cláusula de earnout. ¿Su solución? Consultar a ChatGPT cómo "tomarse" la compañía y zafarse del pago.

La corte tuvo acceso a esas conversaciones. Las citó textualmente. Las usó para demostrar mala fe. Reinstaló al CEO despedido. Extendió el plazo del earnout en 258 días. Y dejó constancia de que el ejecutivo había borrado partes del chat, lo que el tribunal interpretó como una preocupante señal de conciencia de culpa.

¿Resultado? Un fallo demoledor donde la propia IA, convertida en testigo silencioso, terminó hundiendo a quien le había confesado sus planes.

La célebre advertencia que durante medio siglo hemos visto en cada película y cada serie policial —tiene derecho a permanecer en silencio; todo lo que diga podrá ser usado en su contra— parecía reservada para el detenido en una estación de policía. Hoy, en silencio y sin esposas, esa misma advertencia ha empezado a aplicársele a quien teclea, en pijama y a oscuras, el problema más íntimo de su vida frente a un chatbot.

¿Y qué tiene que ver esto con Colombia?

Todo. Y nada bueno, si no tomamos medidas.

El secreto profesional en Colombia está consagrado en el artículo 74 de la Constitución Política y desarrollado por reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional como una garantía nuclear del derecho de defensa. Pero ese privilegio —y aquí está el punto que muchos colegas pasan por alto— protege la comunicación entre el abogado y su cliente, no las divagaciones del cliente con un programa propiedad de una empresa extranjera.

Si un empresario colombiano sube su contrato a una plataforma de IA, esa información sale del país, queda alojada en servidores extranjeros y se rige por términos de servicio escritos en inglés que casi nadie lee. En un eventual proceso —civil, penal, tributario, laboral o disciplinario— esa información podría ser solicitada por exhortos, cooperación judicial internacional o, simplemente, terminar siendo aportada por la propia contraparte que también tiene acceso a la plataforma. El secreto profesional no la cobija. La reserva de información comercial, tampoco. Y la Ley 1581 de 2012 —nuestra ley de protección de datos— exige consentimiento para el tratamiento, pero ese consentimiento ya lo dio el usuario al aceptar los términos al registrarse.

La tecnología avanza a la velocidad de la luz. La ley nos está alcanzando.

Tres acciones prácticas, hoy

Para usted, cliente: trate el prompt como un micrófono abierto. Asuma que todo lo que escribe en una IA de consumo masivo puede terminar leído por un juez, un fiscal, un periodista o su contraparte. Nunca introduzca nombres reales, cifras financieras sensibles, estrategias procesales ni información que no querría ver mañana en una primera plana. Si necesita usar IA para asuntos delicados, anonimice drásticamente la información: cambie nombres, modifique cifras, ofusque ubicaciones.

Para empresas: migren a entornos privados. Existen licencias enterprise y despliegues internos —cada vez más asequibles— que ofrecen contratos explícitos de cero retención de datos (Zero Data Retention) y garantizan que los prompts no se usarán para entrenar modelos públicos. La diferencia entre un chatbot gratuito y una licencia empresarial puede ser, literalmente, la diferencia entre un proceso ganado y uno perdido.

Para abogados: actualicen sus contratos de mandato y sus hojas de encargo. Incluyan advertencias urgentes prohibiendo expresamente al cliente subir información del caso a IAs comerciales. Si la IA va a usarse como "herramienta del caso", debe hacerse exclusivamente bajo la dirección, control y cuenta del abogado —no del cliente actuando por su cuenta a las once de la noche—. Esa es, según los propios fallos comentados, la única vía conocida para que el privilegio profesional pueda eventualmente extenderse a la herramienta.

La pregunta de fondo

Volvamos a Marcela, nuestra empresaria del comienzo. ¿Sabía ella que esos chats podían terminar en un juzgado? Probablemente no. ¿Se lo advirtió alguien? Casi con certeza, tampoco. ¿Cuántos colombianos —empresarios, gerentes, profesionales, funcionarios públicos, inclusive abogados— están en este momento tecleando en un chatbot información que mañana podría volverse en su contra?

La inteligencia artificial es una herramienta extraordinaria. Yo la uso a diario, con disciplina y con criterio. Pero confundirla con un confesionario, con un abogado o con un terapeuta es un error que puede costar carísimo. Las cortes —las extranjeras hoy, las nuestras mañana— están dejando claro que esos diálogos digitales no gozan de la protección que el derecho reserva, con razón histórica, a las relaciones humanas de confianza.

Por eso, antes de teclear su próxima consulta a una inteligencia artificial, deténgase un instante y recuerde la frase que titula esta columna. Léala como si se la dijera un agente, un fiscal o un juez. Y entonces decida —con la cabeza fría— qué le va a contar, y qué prefiere callar. Porque la advertencia, hoy, ya no solo aplica al sospechoso esposado en la película. Aplica a usted, lector, justo ahora, frente a su pantalla: todo lo que le diga a ChatGPT podrá ser usado en su contra.

Publicado originalmente por Andrés Guzmán Caballero en LinkedIn. Se reproduce en Ablucinaciones con autorización del autor.